Introducción al Derecho Penal

Denuncias en vía penal y antecedentes penales

No se debe desdeñar nunca el hecho de ser denunciado en vía penal o haber sido querellado, ni tan siquiera en cuestiones de delitos relacionados con la circulación de vehículos, puesto que las consecuencias de una condena penal, por leve que ésta fuere, generan graves efectos sobre los derechos y el patrimonio de ciudadanos y empresas. Desde el minuto uno del procedimiento debemos asesorarnos y contar con una defensa y asistencia jurídicas muy rigurosas.

En realidad el Código Penal, aunque parezca un texto lejano, lo regula casi todo e incluso determinados expedientes sancionadores puramente administrativos deben ceder el paso ante la aparición de un proceso penal. Prueba de ello es la progresiva litigiosidad penal en nuestras sociedades contemporáneas. En ocasiones, se recurre deliberadamente a la vía penal a pesar de tener la posibilidad de solucionar el conflicto en otros órdenes jurisdiccionales.

Para los ciudadanos el hecho de tener antecedentes penales puede implicar la aplicación de la reincidencia al cometer un segundo delito, con la agravación consiguiente de la pena. El tener una condena penal suspendida puede conllevar el ingreso en prisión si se comete un segundo delito durante el tiempo que dure la suspensión de dicha condena. Para un ciudadano extranjero en España (que no sea miembro de un país de la UE) la condena por un delito puede desencadenar su expulsión del país en determinados casos, sin que se pueda obtener el permiso de residencia o de trabajo si constan antecedentes penales e influyendo negativamente en su renovación en otros.

El Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) se creó en 2012 para el intercambio de antecedentes penales en toda la UE. La información está disponible en formato electrónico y en plazos cortos dentro de todos los países de la Unión. El sistema permite acceder, de una forma ágil, a la historia penal de los condenados por parte de jueces, fiscales y autoridades administrativas. Estas consultas son exigidas en determinados procedimientos de contratación, asilo, licencias de armas, adopción de menores, etc.

Si un estado miembro de la UE condena a un ciudadano de otro estado miembro estará obligado a enviar la información al Estado de nacionalidad del condenado (e incluso es posible el intercambio para fines diferentes a los de un proceso penal).

Los antecedentes policiales no deben confundirse con los antecedentes penales, los primeros constan en la Dirección General de la Policía o en la Dirección General de la Guardia Civil y son los datos de los atestados instruidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueden ser objeto de acceso y cancelación por los interesados en un procedimiento administrativo en lo cual podemos ayudarle.

Para una empresa una condena penal puede suponer actualmente penas especialmente diseñadas para imponer a la misma, como la clausura, la disolución, la suspensión de sus actividades hasta un máximo de 5 años, la prohibición de realizar determinadas actividades, operaciones o negocios, o la intervención de la empresa hasta un máximo de 5 años.

Toda condena como autor de un delito conlleva el resarcimiento a la víctima de los daños y perjuicios ocasionados por el mismo, lo que va a derivar en satisfacerle una cantidad económica, incluso por daños morales.

La responsabilidad penal tiene por fin satisfacer un interés público, mientras que la responsabilidad civil derivada de un delito persigue satisfacer el interés particular de la víctima o el perjudicado. La responsabilidad civil puede imponerse a entes o personas distintas de los autores del delito.

El Juez nunca podrá condenar a responsabilidades civiles si el autor del delito ha sido absuelto, quedando abierta la vía de la acción civil en su caso. Asimismo, cabe la posibilidad de reservarse la acción civil para ejercitarla fuera del procedimiento penal.

La cuantía y extensión de la responsabilidad penal no guarda proporción y es independiente de la extensión de la pena que se imponga al condenado por el delito.

En España existe una legislación de ayudas públicas para las víctimas de delitos dolosos y violentos, cometidos en nuestro país, con el resultado de muerte, o de lesiones corporales graves, o de daños graves en la salud física o mental, así como en beneficio de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual aun cuando éstos se perpetraran sin violencia. Pueden ser víctimas directas o indirectas (cónyuge o pareja de hecho, hijos o padres de la víctima), siempre que sean españoles, nacionales de un estado de la UE, residentes legalmente en España o nacionales de un país que reconozca el mismo tipo de ayudas a los españoles en su territorio). Se abonarán en casos de insolvencia, total o parcial, del responsable del delito y podrán cobrarse incluso antes de que finalice el proceso penal si la víctima queda en una situación económica precaria tras padecer el delito.